Ante las crisis financieras globales o institucionales, hay países con fundamentos macroeconómicos menos sólidos que los nuestros a los que el impacto parece llegar con menor intensidad. No son inmunes: cuentan con un amortiguador poderoso, la confianza en sus reglas y en la continuidad de sus instituciones.
El riesgo país expresa el sobreprecio que paga un Estado para financiarse frente a una referencia más segura. Cuanto mayor es la desconfianza, más caro resulta el crédito.
Por eso, cuando sube, no debería sorprendernos. El capital será cobarde —o, dicho sin metáforas, buscará una compensación mayor por el riesgo que asume— y nosotros hemos hecho bastante mérito para que nos mire con desconfianza. Los mercados no evalúan solo los números del presente: también recuerdan.
Recuerdan nuestros péndulos ideológicos y las decisiones que los acompañaron: de la convertibilidad a su salida abrupta y el default de 2001; del corralito a la pesificación; de la apertura financiera a los controles cambiarios; de las privatizaciones a las estatizaciones, como la de las AFJP y la de YPF. También, las reestructuraciones de deuda, los cambios en las reglas para exportar y la renegociación de contratos.
No son episodios idénticos ni responsabilidad de un solo signo político. Pero dejan una impresión persistente: acá las reglas pueden cambiar cuando cambia el gobierno, faltan dólares o cumplirlas se vuelve incómodo.
Y hay un capítulo que no puede quedar al margen: la corrupción institucionalizada. Cuando se convierte en parte del funcionamiento del sistema, las reglas dependen de quién tiene acceso, los contratos pierden credibilidad y el dinero público queda expuesto a intereses privados. No hace falta que cada inversor conozca cada expediente; alcanza con que dude de la imparcialidad de las instituciones. Esa sospecha también se paga: con crédito más caro, menos inversión y menos confianza.
Hace años, un productor vitivinícola mendocino me explicó por qué Chile había conquistado mejores mercados para sus vinos, pese a que las condiciones de ambos lados de la cordillera eran parecidas:
—Porque ellos siempre cumplieron los contratos. Nunca cagaron a nadie.
Hablaba de reputación.
Esto deberían aprenderlo nuestros políticos. A veces parecen una especie aparte de la gente que construye este país cada día. Mientras productores, trabajadores y familias sostienen sus proyectos, parte de la dirigencia vuelve a cambiar las reglas y a empezar de cero. Esa falta de visión es autolesiva: deteriora la confianza, encarece el crédito y compromete el futuro.
El riesgo país no es un castigo misterioso. Es, entre otras cosas, el precio de nuestra historia. Para reducirlo no alcanza con ordenar las cuentas: hay que demostrar durante mucho tiempo que sabemos cumplir los contratos, sostener reglas y gestionar lo colectivo sin convertirlo en botín.
Riesgo País: La condena por nuestra historia

